domingo, 27 de noviembre de 2011

Carta Abierta para el Profesor Juan Carlos Orozco - Rector de la UPN - Colombia


Hoy reclamo la esperanza para nuestros estudiantes universitarios.
Carta Abierta
Para el Profesor Juan Carlos Orozco
Rector de la UPN.
No dejemos que en la universidad nos sonría el miedo
Que nos habite la indiferencia
Que se hipoteque nuestra esperanza.
No dejemos que las casandras sean portadoras de
Noticias amargas y malolientes.
No dejemos
Que se hagan editoriales con nuestros sueños
Ni se ordenen investigar nuestras consignas y discursos.
No dejemos que la cometas que hemos levantado se caigan
No dejemos que el aire lastimero que ronda en el viento
se nos acumule en las venas.

Profesor Juan Carlos,
Quiero decirle en este intento de relato pedagógico, a modo de una carta freiriana, que hoy desde mi lugar como representante de los profesores en el Consejo Académico, le reclamo la esperanza para nuestros estudiantes. Porque nos queda la esperanza: “esa espera que no se alimenta de lo que era, sino de lo que será”. No una esperanza quieta, inactiva, no una esperanza amordazada o temerosa; no una esperanza gris teñida de nostalgias y vestida de casandras. No. Esa esperanza no es de la que hablo y la que reclamo. Digo, que tener esperanza significa

“estar presto en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Carece así, de sentido, esperar lo que ya existe o lo que no puede ser. Aquellos cuya esperanza es débil pugnan por la comodidad o por la violencia, mientras que aquellos cuya esperanza es fuerte ven y fomentan todos los signos de la nueva vida y están preparados en todo momento para ayudar al advenimiento de lo que se halla en condiciones de nacer” (Fromm, 2000, p. 21).

Profesor Juan Carlos,
Estamos en una situación límite, en la que usted no ha generado todas las condiciones de posibilidad para tramitar un conflicto situado en función de la reprogramación académica. Por lo menos situémoslo aquí. Un conflicto que hoy tiene varias expresiones, ritmos, alcances y tonalidades. ¿Por qué su hostilidad en escuchar a la Comisión de la Asamblea Triestamentaria[1] configurada por estudiantes, maestros y sindicatos de esta universidad? ¿Por qué su sospecha en atender este espacio legítimamente constituido en el marco de las agendas y los procesos de la movilización? ¿Por qué su miedo y prevención de creer que le van a desestabilizar su gobierno? ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanto desdén? ¿Por qué le produce tanta alergia esta Comisión?

Por ello le solicito atender las urgencias de la esperanza, y digo “urgencia” como quien dice inmediato, como quien anuncia ahora, como quien grita inaplazable. Y es en medio de este escenario universitario donde se produce la diferencia—diferencia que hace parte de su repertorio académico— en la que se necesita tener la disposición, la posición y la actuación para tramitarla y transformarla, de manera que contribuyan al reconocimiento, al diálogo y por supuesto a la concertación de un calendario académico. Porque en la diferencia como categoría existencial y política, el desacuerdo no se constituye en enemistad.

Hay que nombrar también que no es simplemente la reprogramación, porque en este proceso técnico están implicados maestros catedráticos, maestros ocasionales, y estudiantes que no se sienten reconocidos, dado que no son claras las disposiciones administrativas y académicas que sostienen esta decisión. Una decisión que trata a los maestros desde una desterritorialización de su saber y de su práctica pedagógica, para asumirlos desde una intemperie de sumas y restas, del déficit y de la pérdida[2]. Porque la intención recurrente y validada por muchos es “salvar el semestre”; sin un balance político y pedagógico del acontecimiento en el que ha sido y sigue siendo un actor, nuestros estudiantes universitarios. Y permítame este reconocimiento a María José Ortiz, representante de los estudiantes, una joven bella, firme y consistente en sus argumentaciones y posturas, una maestra de estas nuevas generaciones que estamos formando, en representación de una juventud[3] esperanza, como lo nombra William Ospina: “Veo un país de jóvenes inventando un conjuro contra la venganza”.

Claro, también necesitamos interrogarnos por nuestras actuaciones ambiguas. Y me nombro en colectivo aquí, a tantos maestros y directivos de la universidad. Lo que pasa con la ambigüedad es que produce indiferencia, desconfianza y comodidad. Porque la ambigüedad se instituye en una especie de anfibio que cambia de piel de acuerdo a la ocasión.

Profesor Juan Carlos,
La memoria es obstinada y ahora recuerdo que Usted ha dicho que las asambleas que hemos agenciado, estudiantes y maestros, son minoritarias, actitud despreciativa la suya, pero bueno, no quiero centrarme en este asunto, en el que por supuesto no estoy de acuerdo. Entonces le reitero mi solicitud (expresada en el marco de las sesiones del Consejo Académico) para que convoque a este bello y demandante caleidoscopio de voces, de presencias y corporeidades de toda la universidad. Para que convoque a otros espacios deliberativos, donde se escuche su voz y la de tantas voces indignadas, otras indolentes, satisfechas, áulicas, resentidas y también muchas voces esperanzadoras.

¿Por qué, Usted, Profesor Juan Carlos, se niega obstinadamente a escuchar directamente a los estudiantes y a los maestros? ¿Por qué no reconoce que su presencia revestida de autoridad es importante para “habitar y sostener la casa”? ¿Por qué quedarse en su propio monólogo?
En las reuniones del Consejo Académico, Usted ha convocado a la serenidad y dice además “que se asume como un maestro sereno y que no tomará medidas extremas[4]y ha planteado “que es su propósito garantizar el orden y la institucionalidad”. Subrayo estos dos criterios. Entonces, dígales a los estudiantes y colegas de esta universidad, cómo se puede garantizar estos dos criterios, acaso categorías analíticas, principios de su gobierno, o sus presupuestos democráticos, cómo se sostiene el orden y la institucionalidad en medio de la fragmentación, de la fragilidad, del miedo, de la sospecha; todas éstas expresiones del conflicto.

Para terminar esta carta, convoco a la impronta de su autoridad como Rector hoy de la Universidad Pedagógica Nacional para que se interrogue humilde y serenamente (y digo interrogar su autoridad, porque a la autoridad se le interpela y se le argumenta, no se le obedece por mero mandato, prescripción normativa o lealtades consagradas) por su poder y por las construcciones vinculares que agencia, categorías éstas integradoras de lo que Usted ha nombrado como “democracia radical”. Democracia que hoy reclamo como una promesa incumplida, pero latente, deseable y posible de reconfigurar. Democracia la que necesita todo gobernante para tramitar las diferencias, para construir las regulaciones necesarias, para sostener su poder y garantizar su institucionalidad en una universidad que es formadora de maestros.

Para cerrar sigo con la memoria obstinada de recordar que muchos maestros en la UPN asumimos que la pedagogía es una práctica potencialmente política y ética, puesto que es una acción responsable, a través de ella respondemos no sólo ante las propias intenciones o convicciones, sino ante las consecuencias de los actos, cargando con la responsabilidad de las mismas de antemano (Bárcena, 2005).

Y como siempre que escribo cartas, esta narrativa ya un tanto en desuso, espero que me la reciba el buzón de su casa, que también es la mía, porque habitamos juntos esta morada de la Universidad Pedagógica Nacional. De manera, que quiero de Usted, Señor Rector, Maestro, un acto pedagógico de confianza y de acogida.


Piedad Ortega V.
Representante Profesores al Consejo Académico.
Noviembre 23 de 2011


[1] Comisión que se designa y se conforma como un espacio de concertación y de mediación. Está integrada por dos profesores de la Junta Directiva de ASPU, Alejandro Álvarez y Renán Vega, una profesora de planta de la Facultad de Artes, María Teresa Vela, un profesor de la Facultad de Educación ocasional, Víctor Manuel Rodríguez, Nohora Cárdenas, profesora ocasional de la Facultad de Humanidades, el Vicepresidente del Sindicato de los Trabajadores, el Señor, Crisanto Gómez, El representante de los Estudiantes al Consejo Superior, David Montejo, una representante de los estudiantes de Posgrado, Laura Mosquera, y cinco estudiantes representantes de cada una de las Facultades, Sandra Gómez, William Almonacid, Luis Carlos García, Felipe Ramírez y Oliver Ortega. Comisión que ha solicitado ser recibida por el Señor Rector desde el viernes 18 de noviembre, con comunicaciones que suman a la fecha varios intentos fallidos. Desde mi lugar, ratifico este nuevo intento.
[2] En este proceso de la movilización, los colegas en condiciones desigualdad laboral se han visibilizado y han construido una agenda, la cual se ha protocolizado en el Pliego de Negociación que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU- ha respaldado y le ha presentado. Es urgente que se reafirme y restituya los derechos de nuestros colegas quienes son los que sostienen en casi su totalidad los procesos académicos en la UPN.
[3] Quienes afirman en múltiples consignas "esta no será la generación que vio morir la universidad pública". El movimiento de los estudiantes colombianos contra el proyecto de reforma a la Educación Superior exige que la educación sea asumida "como un derecho y una condición necesaria para el vigorosa, que nos reclama la desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía" (Periódico ALMAMATER de la Universidad de Antioquia, noviembre 2011).
[4] Enunciado que parafraseo de sus intervenciones en el C. Académico.

viernes, 11 de noviembre de 2011

La Asamblea General de Profesores de Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional,


“El gran peligro para la universidad en las próximas décadas es el de que los dirigentes universitarios se limiten a liderar inercias” (Boaventura de Sousa Santos). 


La Asamblea General de Profesores de Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional,

En uso de su autonomía y apelando al legitimo derecho de asociación y protesta civilista, ha analizado en detalle las implicaciones del proyecto de Ley 112 -por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior- y ha contemplado los efectos que dicha reforma tiene en la estructura orgánica y el futuro inmediato de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de las reuniones generales realizadas los días 4 y 8 de noviembre declara:

1.       El proyecto de Ley 112 agudiza las dificultades fiscales de las universidades públicas, iniciadas con la promulgación de la Ley 30 en 1992, y resta la autonomía institucional al someter el devenir universitario a las lógicas del mercado. Este hecho constituye un atentado contra la noción de la educación como derecho y le instala como una mercancía y un servicio transable cuya garantía desborda la esfera estatal, otorgándole libertad de acción a la empresa privada en el desarrollo educativo nacional.

2.       La reforma al sistema universitario refuerza el modelo de financiación a la demanda, contribuyendo al desfinanciamiento de la educación superior pública y la instauración de un sistema inequitativo, en el cual las instituciones privadas tendrán mayores posibilidades de subsistencia como ‘universidades’. En este sentido las universidades públicas, y más aún, las de ‘menor complejidad’ estarán destinadas a perder su nominación como universidades y serán destinadas a la categoría de instituciones de educación superior, junto a las instituciones, corporaciones y fundaciones universitarias y los institutos técnicos y tecnológicos.

3.       El sistema de financiación de la educación superior a partir de entidades como el ICETEX, el FODESEP y el FINDETER, además de recrudecer la desfinanciación de las universidades públicas, fortalecerá un proceso de endeudamiento progresivo de las familias colombianas de más bajos recursos.

4.       Los recursos adicionales para los próximos diez años se someterán a un sistema de asignación basado en la competencia y el cumplimiento de estándares de calidad académica, investigativa y de gestión de recursos, en los cuales las universidades públicas de menor complejidad tienen pocas, o casi nulas, posibilidades de subsistencia. Sumado a ello, se incrementa el proceso de privatización toda vez que el Estado puede asignar recursos adicionales a las instituciones, públicas y privadas, que cuenten con acreditación de alta calidad y cumplan con los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional.

5.       En este contexto, teniendo en cuenta las dificultades presupuestales por las que viene atravesando la Universidad Pedagógica Nacional producto de decisiones irresponsables de los cuerpos directivos de la pasada administración, se avizora un oscuro panorama para nuestra institución. Los escasos recursos para inversión en planta física, nómina docente, investigación e innovación y adecuaciones tecnológicas, hacen temer que nuestra institución no podrá continuar conservando su estatuto como universidad, condenándose a funcionar como institución de educación superior con las implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales que esto conlleva.

Por las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta el curso de los acontecimientos de la actual coyuntura nacional y las dinámicas internas de nuestra institución, la Asamblea General de profesores de planta, ocasionales y catedráticos decide :

1.       Rechazar la carta enviada por los rectores del SUE al Congreso de la República el día 26 de octubre de 2011, firmada por nuestro Rector, profesor Juan Carlos Orozco, en la cual se solicita “darle el trámite necesario con la mayor urgencia posible” al proyecto de ley 112 radicado por el MEN en esta corporación el 3 de octubre.

2.       Rebatir las afirmaciones de algunos rectores, como Moisés Wasserman quien retoma las banderas del movimiento universitario para deslegitimarlo, por ejemplo planteando como inadecuadas las consignas de “es mejor perder un semestre en la universidad que la universidad en un semestre”, y presentando los bloqueos y las protestas estudiantiles como actos violatorios al derecho al trabajo, en tanto no le parece violatorio de dicho derecho la modalidad de contratación de catedráticos y ocasionales.

3.       Suscribir el comunicado de ASPU que procede del plenario nacional en el cual se declara en asamblea permanente como asociación sindical a nivel nacional y en apoyo a las constituyentes universitarias que se vienen realizando en diferentes instituciones a lo largo del país.

4.       Exigir a los Consejos Académico y Superior de la Universidad Pedagógica Nacional un pronunciamiento y un apoyo decidido en el cual se rechace rotundamente el proyecto de Ley 112, en concordancia con el sentir expresado por la comunidad académica de nuestra universidad, y se ratifique la decisión de solicitar su retiro, por parte del gobierno nacional, de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

5.       Rechazar cualquier presión de las autoridades universitarias sobre los docentes relacionadas con la finalización abrupta del proceso evaluativo de los estudiantes. En este sentido se propone retomar las actividades académicas y evaluativas una vez se solucione la problemática política nacional generada por la presentación del proyecto de Ley 112 al Congreso de la República, lo cual implica recuperar en su totalidad las semanas que se han destinado para la movilización en defensa de la educación pública sin perjuicio de los derechos pecuniarios adquiridos por los estudiantes en el segundo semestre de 2011.

6.       Exigir que las directivas de la Universidad garanticen el cumplimiento de las resoluciones de vinculación de los profesores catedráticos y ocasiones y del personal contratista, de acuerdo con los tiempos de finalización de los mismos estipulados  y en las respectivas órdenes de prestación de servicios.

7.       Rehusar los comentarios del Viceministro de educación preescolar, básica y media, Sr. Mauricio Perfetti, en relación con la legitimación que le otorga a la acción directa de la fuerza pública en algunas universidades del país, a pesar de que no hay un rechazo explícito por parte del Ministerio sobre la situación de las instituciones cuyos gobiernos universitarios están bajo el control de grupos al margen de la ley. De la misma forma, nos distanciamos de cualquier afirmación y conducta que pretenda criminalizar la protesta social en defensa de la educación pública.

8.       Convocar a toda la comunidad universitaria a la participación activa en la movilización del 10 de noviembre con el fin de continuar el rechazo a la inconsulta y arbitraria reforma de la educación superior del gobierno de Juan Manuel Santos.

9.       Finalmente, como acto simbólico, se propone elaborar y difundir un diploma de Des-Honor a la Ministra de Educación Nacional por su desconocimiento de la universidad pública y su inagotable terquedad manifiesta en sus comunicados e intervenciones en distintos escenarios políticos y mediáticos.

Bogotá, noviembre 9 de 2011


 ¡Porque la educación es un derecho y no una mercancía! Todos unidos por la defensa de una educación pública, gratuita y al alcance de los sueños de nuestra juventud.