viernes, 11 de noviembre de 2011

La Asamblea General de Profesores de Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional,


“El gran peligro para la universidad en las próximas décadas es el de que los dirigentes universitarios se limiten a liderar inercias” (Boaventura de Sousa Santos). 


La Asamblea General de Profesores de Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional,

En uso de su autonomía y apelando al legitimo derecho de asociación y protesta civilista, ha analizado en detalle las implicaciones del proyecto de Ley 112 -por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior- y ha contemplado los efectos que dicha reforma tiene en la estructura orgánica y el futuro inmediato de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de las reuniones generales realizadas los días 4 y 8 de noviembre declara:

1.       El proyecto de Ley 112 agudiza las dificultades fiscales de las universidades públicas, iniciadas con la promulgación de la Ley 30 en 1992, y resta la autonomía institucional al someter el devenir universitario a las lógicas del mercado. Este hecho constituye un atentado contra la noción de la educación como derecho y le instala como una mercancía y un servicio transable cuya garantía desborda la esfera estatal, otorgándole libertad de acción a la empresa privada en el desarrollo educativo nacional.

2.       La reforma al sistema universitario refuerza el modelo de financiación a la demanda, contribuyendo al desfinanciamiento de la educación superior pública y la instauración de un sistema inequitativo, en el cual las instituciones privadas tendrán mayores posibilidades de subsistencia como ‘universidades’. En este sentido las universidades públicas, y más aún, las de ‘menor complejidad’ estarán destinadas a perder su nominación como universidades y serán destinadas a la categoría de instituciones de educación superior, junto a las instituciones, corporaciones y fundaciones universitarias y los institutos técnicos y tecnológicos.

3.       El sistema de financiación de la educación superior a partir de entidades como el ICETEX, el FODESEP y el FINDETER, además de recrudecer la desfinanciación de las universidades públicas, fortalecerá un proceso de endeudamiento progresivo de las familias colombianas de más bajos recursos.

4.       Los recursos adicionales para los próximos diez años se someterán a un sistema de asignación basado en la competencia y el cumplimiento de estándares de calidad académica, investigativa y de gestión de recursos, en los cuales las universidades públicas de menor complejidad tienen pocas, o casi nulas, posibilidades de subsistencia. Sumado a ello, se incrementa el proceso de privatización toda vez que el Estado puede asignar recursos adicionales a las instituciones, públicas y privadas, que cuenten con acreditación de alta calidad y cumplan con los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional.

5.       En este contexto, teniendo en cuenta las dificultades presupuestales por las que viene atravesando la Universidad Pedagógica Nacional producto de decisiones irresponsables de los cuerpos directivos de la pasada administración, se avizora un oscuro panorama para nuestra institución. Los escasos recursos para inversión en planta física, nómina docente, investigación e innovación y adecuaciones tecnológicas, hacen temer que nuestra institución no podrá continuar conservando su estatuto como universidad, condenándose a funcionar como institución de educación superior con las implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales que esto conlleva.

Por las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta el curso de los acontecimientos de la actual coyuntura nacional y las dinámicas internas de nuestra institución, la Asamblea General de profesores de planta, ocasionales y catedráticos decide :

1.       Rechazar la carta enviada por los rectores del SUE al Congreso de la República el día 26 de octubre de 2011, firmada por nuestro Rector, profesor Juan Carlos Orozco, en la cual se solicita “darle el trámite necesario con la mayor urgencia posible” al proyecto de ley 112 radicado por el MEN en esta corporación el 3 de octubre.

2.       Rebatir las afirmaciones de algunos rectores, como Moisés Wasserman quien retoma las banderas del movimiento universitario para deslegitimarlo, por ejemplo planteando como inadecuadas las consignas de “es mejor perder un semestre en la universidad que la universidad en un semestre”, y presentando los bloqueos y las protestas estudiantiles como actos violatorios al derecho al trabajo, en tanto no le parece violatorio de dicho derecho la modalidad de contratación de catedráticos y ocasionales.

3.       Suscribir el comunicado de ASPU que procede del plenario nacional en el cual se declara en asamblea permanente como asociación sindical a nivel nacional y en apoyo a las constituyentes universitarias que se vienen realizando en diferentes instituciones a lo largo del país.

4.       Exigir a los Consejos Académico y Superior de la Universidad Pedagógica Nacional un pronunciamiento y un apoyo decidido en el cual se rechace rotundamente el proyecto de Ley 112, en concordancia con el sentir expresado por la comunidad académica de nuestra universidad, y se ratifique la decisión de solicitar su retiro, por parte del gobierno nacional, de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

5.       Rechazar cualquier presión de las autoridades universitarias sobre los docentes relacionadas con la finalización abrupta del proceso evaluativo de los estudiantes. En este sentido se propone retomar las actividades académicas y evaluativas una vez se solucione la problemática política nacional generada por la presentación del proyecto de Ley 112 al Congreso de la República, lo cual implica recuperar en su totalidad las semanas que se han destinado para la movilización en defensa de la educación pública sin perjuicio de los derechos pecuniarios adquiridos por los estudiantes en el segundo semestre de 2011.

6.       Exigir que las directivas de la Universidad garanticen el cumplimiento de las resoluciones de vinculación de los profesores catedráticos y ocasiones y del personal contratista, de acuerdo con los tiempos de finalización de los mismos estipulados  y en las respectivas órdenes de prestación de servicios.

7.       Rehusar los comentarios del Viceministro de educación preescolar, básica y media, Sr. Mauricio Perfetti, en relación con la legitimación que le otorga a la acción directa de la fuerza pública en algunas universidades del país, a pesar de que no hay un rechazo explícito por parte del Ministerio sobre la situación de las instituciones cuyos gobiernos universitarios están bajo el control de grupos al margen de la ley. De la misma forma, nos distanciamos de cualquier afirmación y conducta que pretenda criminalizar la protesta social en defensa de la educación pública.

8.       Convocar a toda la comunidad universitaria a la participación activa en la movilización del 10 de noviembre con el fin de continuar el rechazo a la inconsulta y arbitraria reforma de la educación superior del gobierno de Juan Manuel Santos.

9.       Finalmente, como acto simbólico, se propone elaborar y difundir un diploma de Des-Honor a la Ministra de Educación Nacional por su desconocimiento de la universidad pública y su inagotable terquedad manifiesta en sus comunicados e intervenciones en distintos escenarios políticos y mediáticos.

Bogotá, noviembre 9 de 2011


 ¡Porque la educación es un derecho y no una mercancía! Todos unidos por la defensa de una educación pública, gratuita y al alcance de los sueños de nuestra juventud.




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